Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, de 14 de marzo de 2013 -caso Aziz-, se han puesto en evidencia
las deficiencias de nuestro sistema de protección judicial a los consumidores
ante las cláusulas abusivas que las entidades bancarias, empresas o
profesionales introducen en sus escritos de contratos a los que aquéllos se ven
obligados a adherirse. Sin embargo, desde el 27 de junio de 2000 -caso
Océano-Murciano Quintero-, este tribunal ha reiterado hasta la saciedad la
obligación del Juez nacional de examinar de oficio el carácter abusivo de las
cláusulas de los contratos concertados con consumidores “tan pronto como
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello”. Es decir, no había necesidad de esperar a esta
sentencia para saber lo que interpreta
este tribunal que se establece en la Directiva 93/13, y, que desde hace ahora
20 años debería proteger eficazmente a los ciudadanos españoles, por ser
europeos y, en consecuencia, serles de aplicación algunas normas favorables que
en Europa se dictan.
Es evidente que los jueces no han amparado a los
consumidores en sus derechos, a las familias hipotecadas en su derecho como
ciudadanos a la tutela judicial efectiva, a la vivienda digna, a la protección
del domicilio y de la familia que en ella habita, a los derechos de los
menores, (artículos 24.1, 47, 18 y 39, respectivamente de la C.E.) todo ello
con la excusa de la fiel aplicación del principio de legalidad y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que prevé un estricto procedimiento ejecutivo judicial que
además había sido avalado por el Tribunal Constitucional, pero que era evidente
que ha dado como resultado que las personas se hayan visto en la calle por
circunstancias que escapan a su control y que el estado estada está obligado a
prever.
Si esto es así en el procedimiento judicial, además
se ha obligado a muchos a someterse a un procedimiento extrajudicial que deja
al notario la ejecución violando incluso el derecho al procedimiento judicial,
otorgando funciones jurisdiccionales a los notarios que, desde la última
reforma de su estatuto jurídico, pueden no haber estudiado derecho.
HAGAMOS
MEMORIA
Desde
hace más de veinte años, los gobiernos locales, autonómicos, y del estado hicieron
una apuesta por un sistema productivo basado de una manera temeraria en la
construcción de viviendas; no sólo con los fines que le son propios, sino
destinadas a la inversión especulativa. La fiebre del ladrillo, vestida “España
va bien”, fue un fenómeno del que han presumido tanto los gobiernos del PP y
del PSOE. Este situación que no hubiera sido posible sin las leyes y prácticas
que, por separado y en su conjunto, suponen una declaración de rebeldía de los
poderes del Estado contra el artículo 47 de la Constitución. Este artículo,
para proteger el derecho de todos a una vivienda digna, ordena a los poderes
públicos hacer imposible la especulación inmobiliaria.
Hoy nadie
discutirá que los poderes públicos han permitido que los necesitados de
vivienda se vieron obligados, ante la manipulación del mercado inmobiliario y
la terrible especulación del suelo y la vivienda, a “picar” en la estafa de la
compra de viviendas ante las aparentes ventajas de las contrataciones masivas
de créditos hipotecarios frente a la inexistencia de un mercado de alquiler competitivo. Había que ser idiota para pagar
más por alquilar que por comprar, y también se gravó a fuego en la mente de la
sociedad que el precio de la vivienda nunca bajaría.
Cuando estalló
la negada burbuja inmobiliaria y la gente salió de las obras a las colas del
paro, recuerdo que me espantó la idea, la imagen anticipada viendo a las
familias saliendo de sus casas y encadenados a una deuda perpetua. Ratificaba,
escuchando a la gente, que nadie sabía que esa posibilidad era real para los
que habían firmado una hipoteca. Nadie podría imaginar que entregando la
vivienda no se liberaba de las deudas.
Pero las sorpresas serían con el tiempo más
importantes para toda la sociedad. Aquí la pesadilla ha sido despertar a
nuestra verdadera realidad como país. Ni teníamos el mejor sistema bancario de
Europa, ni nuestros gobiernos había hecho otra cosa que llenar los bolsillos de
la banca española extranjera, de las compañías de distribución de energía, telefonía,
etc. Los gobiernos locales y autonómicos no sólo no han protegido los fondos y
los intereses de los ciudadanos depositantes y de la pequeña y mediana empresa
local en las Cajas de Ahorros que han desaparecido, que ya no existen para
defender a los que peleamos en la economía real, la del tendero y el currito,
la del agricultor y el ama de casa, ante la complicidad del Banco de España con
la gran banca privada que se han quitado de en medio a esa competencia.
Los partidos y
sindicatos que deberían representar y defender a la sociedad se han consolidado
crecientemente ante la opinión pública como miembros de un régimen corrupto,
cuando en todo caso es lo cierto que los vicios de la transición han facilitado
que permanezca la idea franquista de desconfianza en esas herramientas
imprescindibles para el funcionamiento de una democracia representativa. Esos
partidos, en muchos casos, se han
financiado vendiéndose a las empresas promotoras y constructoras, como
demuestran los tremendos casos de corrupción que, a lo largo y ancho de la piel
de toro y de arriba abajo del entramado institucional, todo lo enloda.
Pero
volviendo a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia europeo, por ella
sabemos lo que cientos de abogados y cualquier ciudadano no jurista, podía
deducir de la realidad diaria, que los españoles hemos estado indefensos ante
los abusos en la contratación hipotecaria, ante la que no sólo no ha existido
control de las instituciones, sino imposibilidad de ponerle remedio cuando ya
se había producido. El resultado, hoy evidente, es que el procedimiento
judicial de ejecución hipotecaria obstaculiza la defensa del deudor, y vulnera
la directiva 93/13 sobre derechos de los consumidores. Añado yo que desconoce
el artículo 24 de la Constitución, (derecho a la tutela judicial efectiva y a
un proceso con todas las garantías, sin indefensión). Pero además, las
ejecuciones masivas derivan de la mayor tasa de desempleo de Europa que
imposibilita afrontar los pagos de sus viviendas y conllevan a la práctica de
desalojos forzosos masivos. En el marco del PIDESC, esta situación conculca
gravemente otros derechos humanos como “ …el derecho a la vida, (¿estaría vivo Frank
y tantos cientos con otras leyes?) el derecho a la seguridad personal, el
derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, …“,
(Observación General n° 7 del Comité de Derechos, Económicos, Sociales y
Culturales).
Tras la sentencia, la situación tendría que haber cambiado, necesariamente, de
forma radical. Pero el gobierno ha reaccionado cerrando la posibilidad de
extraer las consecuencias más perjudiciales para la banca, y otras vías que los
tribunales empezaban a entreabrir.
Que hoy tengamos
esta sentencia, se lo debemos a Aziz, el ciudadano marroquí que ha seguido peleando
incluso después de perder su vivienda. Ha tenido suerte de encontrar a un juez
que se cuestionó si era abusivo y opuesto al derecho europeo que no poder pagar
una cuota de un crédito a 33 años, suponga dar por vencido, anticipadamente, el
resto del crédito. Se preguntaba el juez si no es un obstáculo al derecho de
los consumidores que, por ejemplo, esta cláusula de vencimiento anticipado no
pueda ser declarada abusiva, ni siquiera alegada en su defensa por el ciudadano
hipotecado en el procedimiento ejecutivo que le echará de su casa. Sometió el
juez a cuestión prejudicial, además, si los intereses de demora eran abusivos.
Y por último, preguntó si no poder oponerse ante la liquidación de la deuda que
el banco presenta, aplicando estas y otras muchas cláusulas abusivas, se oponía
opuesto a la Directiva 93/13 CE.
Doy por sabida
la respuesta del Tribunal. Han sido muchos juristas los que, de forma
creciente, han puesto en evidencia la desproporción y parcialidad de nuestras
leyes. Entre ellos, los abogados de las familias afectadas, unidas en
plataformas y los Grupos Stop Desahucios que ahora hace dos años nacieron al
calor del movimiento 15M y prendieron en la fértil dignidad de miles de
ciudadanos.
La sentencia que deja en evidencia nuestras leyes, tenía y tiene fuerza
obligatoria general. Ahora no hay excusa para paralizar procedimientos ilegales
y declarar, incluso de oficio, la nulidad de las actuaciones desde la admisión
a trámite de las demandas ejecutivas. El Derecho Comunitario ha amparado a los
desamparados por el derecho nacional. Esta vergüenza nacional debe hacernos
reflexionar colectivamente, y preguntarnos: si la norma era clara y aplicable, lo
siguiente.
1º
¿Por qué no ha sido fielmente traspuesta la Directiva 93/13, a fin de proteger
a los consumidores españoles en igualdad con el resto de ciudadanos europeos, y
especialmente de los abusos en la contratación hipotecaria?.
2º
¿Por qué las leyes procesales han impedido a los ciudadanos acudir a los jueces
en esos casos?.
3º;
¿Dónde estaban los poderes del estado desde hace veinte años y dónde está ahora
el gobierno, y el resto de poderes del Estado para parar esta sangría y reparar
lo reparable?.
4º
Cuando es evidente que ha existido complicidad con la banca de todos los
gobiernos desde 1993 en contra de los ciudadanos, ¿existe remedio en un estado
social, democrático y de derecho?.
5º
¿Por qué el Tribunal Constitucional avaló normas que según podemos observar
diariamente y podemos deducir de la sentencia del TJUE violan derechos
constitucionales y derechos humanos?
6º
Por último, ¿qué hacemos ahora las PAH y los Grupos Stop Desahucios, el millón
y medio de españoles que firmaron la ILP, y los millones que se organizan cada
día en plataformas ciudadanas? ¿ pedimos restablecer el orden constitucional o
nos ponemos de acuerdo para constituir un verdadero acuerdo social?
Cada
uno debe atenerse a los hechos y sacar sus propias conclusiones pensando en
salidas y respuestas de futuro que no nos mantengan en el engaño. Este pueblo
no ha parado de seguir a los tramposos, de creerse ignorante, de vivir
acomplejado ante Europa, cuando cada ciudadano lleva la semilla de su propia
liberación.
Mi
posición es que, hagamos lo que hagamos, lo realicemos desde la mayoría
sufriente de hoy, desde los cimientos, desde la ciudadanía que cree en que,
ella misma y por ella misma, tiene el derecho y la obligación de construir UN
ESTADO SOCIAL (YA NO QUEDA NI RASTRO) DEMOCRÁTICO (NO DE ESTAFA ELECTORAL) Y DE
DERECHO.
UN
ESTADO DONDE LOS GOBERNANTES NO VIOLEN IMPUNEMENTE LAS LEYES, DONDE TENGAMOS EL
ORGULLO COLECTIVO DE QUE RESPLANDEZCAN LOS DERECHOS HUMANOS PORQUE LOS
CIUDADANOS LOS EXIJAN Y LA JUSTICIA LOS HAGA EFECTIVOS.