DIONISIO MORENO. En defensa de la abogacía.

            Se dice que este es el país de la envidia. No tengo suficientes datos para sostener esa afirmación, ni la contraria. Se dicen tantas cosas hoy de una generalidad de personas: los políticos, los jueces, los periodistas, los catalanes, los andaluces, los funcionario, los parados, los profesores,... bueno y ¿qué decir de los abogados?. A cada uno de estos grupos humanos  le atribuye la calle uno o varios calificativos que se pegan como lapas a cada grupo humano. Basta repasar, empezando por los políticos, siguiendo por los demás grupos y surgirán de manera natural las descalificaciones, nunca la atribución de méritos. 

Cuando me preguntan por mi profesión, surge ante la respuesta, casi siempre en estos días, una afirmación de mi interlocutor: "yo no serviría para ser abogado, yo no podría defender a criminales como ese que ha matado a sus dos hijos". En la calle sobra la presunción de inocencia. Ese es un derecho que casi nadie echa en falta más que cuando él, o alguien cercano, se encuentra haciendo frente a una imputación. Evidentemente no voy a entrar a valorar la concreta labor de mi compañero en este caso, pero sí quiero manifestar con rotundidad que ese compañero, como todos los letrados cuando defendemos a nuestros clientes acusados, estamos realizando una labor tan importante, al menos, como la que realiza el juez, el fiscal o el letrado de la acusación particular. Sin el abogado defensor no es posible hablar de justicia. Para que exista el fiel de la balanza se necesitan los dos platillos en que cada parte pueda poder sus hechos y su interpretación de la ley.Pero lo más importante es que el abogado defensor del presunto culpable, lo es también del estado de derecho y de toda la sociedad que, por que él existe, puede condenar excluyendo la barbarie. Cuando la sociedad sale del estado de shok que A TODOS, nos producen hechos como por ejemplo las muertes violentas de menores, sus deudos necesitan la paz que sólo la verdad y la justicia proporcionan. La sociedad necesitamos cerrar esa herida y con el paso de los siglos hemos entendido que no podemos matar al primer sospechoso: hemos hecho leyes y hemos comprendido que el acusado necesita un defensor que pueda tener todos los medios de defensa. Hemos aceptado legalmente que no es el acusado el que tiene acreditar su inocencia, sino que  la tarea de la acusación, pública o privada, es evidenciar la  culpa. 

En definitiva, cuando hoy nuestros jueces condenan a un ciudadano, lo hacen con toda la tranquilidad del respaldo de la voluntad del pueblo que le ha encargado esa tarea y le ha dado unas leyes que cumplir. Además, también habrá tenido que escuchar y atender a las partes, que respetar los derechos y garantías que los abogados defensores ha hecho valer en defensa de sus clientes acusados.

Todos podemos cometer errores, pero al calor de la repugnancia del crimen no podemos dejarnos llevar por una ancestral sed de venganza, destruyendo lo que nos separa de la barbarie. 

Si no he conseguido del todo justificar la labor del abogado, quizá es porque el lector es incapaz de reconocer que verse sentado en un banquillo puede ser una situación cercana a él o a los suyos en circunstancias nada improbables, ni ayer ni hoy. De hecho, la frase. "esto no me puede estar pasando" es la más escuchada en una comisaría o en un cuartel, cuando los abogados acudimos a asistir a un detenido. 

Cuando defiendo la profesión de abogado, lo hago desde la defensa del papel que tenemos encomendado, nunca podré defender las desviaciones, los abusos o prácticas que, aún las permitidas, no son comunes a toda la profesión, sino particularidades muy opinables de cada compañero. Existe mucha polémica dentro de la profesión ante la efervescencia mediática de los asuntos que todos sabemos. No entraré a valorar, aunque tengo criterio de ellos, lo que expresan esos compañeros tan conocidos. 

Sólo pido comprensión para los abogados que, como en mi caso, creemos tener derecho, como ciudadanos y profesionales del derecho, a  manifestarnos ante situaciones en las que, creemos que la legislación, o su aplicación concreta, se aleja de las demandas que la sociedad tienen y ha hecho suyas en la Norma Suprema o en la Declaración de Derechos Humanos. Los  juristas que opinamos así lo hemos hecho al calor de asuntos que hemos dirigido, ayudando a que temas como la violencia de género,  la siniestralidad laboral o la derivada del tráfico, tomasen la necesaria relevancia social y visibilidad cuando no se tenían tanta conciencia de esos problemas como la tenemos hoy.   

Cuando se critique a los abogados, por tanto no se piense en el estereotipo compuesto con opiniones sobre experiencias particulares negativas. Pensemos, hagamos visibles, por ejemplo al hilo de la actualidad desde hace unos años, a un grupo de letrados que se ha echado a la calle, literalmente, junto a grupos de ciudadanos, afectados o no, en defensa de  los afectados por las ejecuciones hipotecaria.   

Ese grupo  han conseguido más de 14.000 daciones en pago y alquileres sociales, por las vías judicial o extrajudicial, pero siempre muy unidos a la sociedad más consciente y movilizada, a los propios afectados, a las víctimas. JUNTOS ESTÁN PUDIENDO. Estos letrados han realizado propuestas a los poderes públicos (en Andalucía por ejemplo), han redactado la Iniciativas Legislativas Popular más apoyada de la democracia, han compartido experiencias y estrategias en un grupo de ayuda a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca. Han promovido ante sus Colegios de Abogados la creación de turnos de oficio especiales  (por cierto, el Colegio de Abogados de Córdoba ha sido pionera en España ), y  asesorado a decenas de miles de familias de manera altruista. Pero no cuentan ante la sociedad, el gobierno no habla de ellos cuando dice defender la marca España.

De entre todos ellos hay que destacar la historia que tiene como protagonista a un cliente llamado Aziz (un  marroquí que sigue luchando después de ser desahuciado con tres hijos, con minusvalía y con su subsistencia en total precariedad)  y a un abogado de nombre Dionisio y de apellido Moreno,  (desconocido, sin el prestigio y la pompa de los grandes despachos, que ejerce en una habitación de su casa, sin dinero siquiera para viajar a Luxemburgo, adonde tuvo que defender la causa, amparando precisamente a quien no le podía pagar). El tercero, que sí quedará en la historia judicial, es el juez de lo mercantil Fernández Seijo, quien sometió a una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el procedimiento de ejecución hipotecaria español, que durante un siglo ha sometido a los ciudadanos hipotecados a la indefensión ante los abusos de los bancos, y durante 20 años ha permitido la vulneración del derecho comunitario que garantiza los derechos de los consumidores. 

Cuando atacamos a los abogados Dionisio entra a pagar su parte. Cuando atacamos a los jueces, olvidamos que algunos de ellos están abriendo caminos a la justicia real y efectiva que nos ayuda a seguir manteniendo la esperanza en el Estado de Derecho. Lo están haciendo desde su propia conciencia personal, ante la realidad social, con soporte en las leyes y los principios tantas veces olvidados. Lo mismo podríamos decir de los periodistas, y si siguiéramos una visión simplemente neutra, nos daríamos cuenta de una realidad: la mayoría estamos siendo presa de una imagen irreal de nosotros mismos. La estamos construyendo elevando la anécdota a categoría. Destruimos la imagen real porque casi nunca defendemos lo colectivo, ni las instituciones que lo encarnan y siempre defendemos nuestra individualidad frente a ellas.

La marca España dicen que depende de ésto o de lo otro. A mi me importa lo que se construye con la calidad de los derechos ciudadanos para el bienestar que por ellos y para ellos se crea. La calidad profesional y humana que observo es muy superior a la que nosotros mismos defendemos. Arrastramos complejos de inferioridad, nos quejamos de lo que no dejamos de abonar, pero si tengo que criticar algo  con carácter general, lo que siempre es un atrevimiento, es que hay muchos Dionisios Moreno desconocidos, olvidados, a los que no reivindicamos. Nos venden, y compramos como ciudadanos medios, como si fuera la normalidad a los "pocholos" y las "belenes", nos desaniman con esos modelos cuando tenemos al lado a héroes de la cotidianidad.
Digo más: en estos tiempos, el no es un héroe, no sobrevive.

Cuando veas en el telediario a un abogado hablando del caso X, piensa también en Dionisio Moreno.

¿QUIÉN DESOBEDECE?

Si partimos de que toda democracia se soporta en que el poder reside en el pueblo, en la soberanía del pueblo (artículo 1, apartado 2 de la C.Española), los gobiernos, parlamentos y judicatura, como el conjunto de las instituciones del Estado, no pueden ser consideradas de manera diferente a “mandatarios” del pueblo soberano.

Se llama mandato al contrato por el que una persona (mandatario) se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta y encargo de otra (mandante). Propongo el juego de aplicar mentalmente las normas del contrato de mandato a la relación entre el pueblo “mandante” y sus representantes y “mandatarios”.

Dice el artículo 1713 de nuestro Código Civil, que “el mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración”. Añadiendo que “para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso”.  Abundando que “la facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores”.  Hace un año se hipotecó a la nación en una cantidad entre 40.000 y 65.000 euros para sanear a los bancos.

Según el artículo  1714 del mismo código:  “El mandatario no puede traspasar los límites del mandato”. Aclarando el 1715, que “No se consideran traspasados los límites del mandato si fuese cumplido de una manera más ventajosa para el mandante que la señalada por éste” . Reformar la Constitución sin permiso del pueblo, sin haberlo propuesto en los programas electorales, para comprometer prioritariamente los ingresos del Estado en pagar la deuda y los intereses que se ha generado  para beneficio de los bancos, y en todo caso, sin beneficiar a los ciudadanos, que estamos soportando recortes en los servicios públicos esenciales, ¿traspasa los límites de nuestro mandato a los gobernantes del PP, hoy, y del PSOE, ayer, puestos de acuerdo en Agosto de 2011, para exterminar el carácter social de nuestro Estado?. Nadie consiente, ni de forma expresa ni tácitamente, que le roben su presente y su futuro.  Si está consciente.

A estas alturas alguno dirá que el derecho civil, poco o nada tiene que ver con el constitucional, que la esfera pública y la privada se rigen por principios a veces hasta contrapuestos. Seguramente estas razones saldrán con naturalidad de quien, precisamente, no deja de predicar que lo privado debería extenderse a todo lo que no fuera el único reducto de lo público: la fuerza que imponga el libre juego del mercado por encima de cualquier consideración: el Estado Policía del sacrosanto mercado. Aprovecho para opinar, que los mercados nunca son libres, me atrevo a decir que sólo serán algo libres si están fuertemente regulados para que lo sean. Miremos, por ejemplo, a los ahorradores que hoy llaman “preferentistas” (engañados y postergados se llaman ellos). Ellos podrían explicarnos mostrándonos las cicatrices producidas por sus estafadores, que tan libre es el mercado para quitarles los ahorros de toda una vida. Si el estado vigila algo es que unos pocos puedan robar impunemente a la mayoría.

Pues bien, sin acudir al derecho que protege, por definición, lo común y público; basándonos en el derecho civil que dice proteger la libre concurrencia, la leal y justa transacción entre particulares; sin hacer de menos a un pueblo que como una sociedad civil “contrata” como mandante a sus representantes o “mandatarios”, como si fuese cualquier empresario que manda a un comercial, o un cliente que contrata y mandata a su abogado, la realización de una cosa o la prestación de un servicio, leamos lo que dice el artículo 1718 del C.Civil:

 “El mandatario queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato, y responde de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se ocasionen al mandante”. Dice que, “en la ejecución del mandato ha de arreglarse el mandatario a las instrucciones del mandante”, y que, “a falta de ellas, hará todo lo que, según la naturaleza del negocio, haría un buen padre de familia” (art. 1.719). Que “todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones y a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato” (artículo 1.720). Continúa el artículo 1726 diciendo: “El mandatario es responsable, no solamente del dolo, sino también de la culpa, que deberá estimarse con más o menos rigor por los Tribunales según que el mandato haya sido o no retribuido”.

Pero el artículo más importante es el 1727 cuando dispone: “El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato”. Obviamente, si lo hemos mandado, tenemos que responder a nuestro encargo, pero….”en lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente”.

Es decir que el que calla otorga. Por eso es tan importante rebelarse. Se entiende que consentimos lo que seguimos soportando. Según el artículo 1733 del Código civil: El mandante puede revocar el mandato a su voluntad (…).

Si ésto lo puede hacer el igual con el igual, ¿qué no puede hacer el pueblo, la fuente de todo poder?. Por eso los tratados hablan del derecho a la insurrección cuando, como dice Julio Anguita, "los que nos movilizamos contra este estado de cosas, somos los únicos que hemos optado por el cumplimiento de la legalidad, cuando son ellos, el gobierno, los poderes económicos, políticos y mediáticos  los que están fuera de la ley . En estos momentos no estamos ante un Estado de Derecho".

Esta rebelión ha de ser desobediente, pacífica pero muy activa, como Gandhi predicaba. Pero debemos trasladar una pregunta certera: ¿quién desobedece?.