sábado, 29 de noviembre de 2014

MI VIDA Y LA POLÍTICA


Soy hijo de jornaleros. Mi padre era de la Carlota, pueblo al que vinieron colonos centroeuropeos. Mi madre y su familia vinieron a Córdoba de la Almería del  esparto antes de la Guerra. Desde niño trabajé y estudié. Guardé pavos y cabras, al mismo tiempo que estudiaba por libre el bachillerato elemental, hasta que un favor a mi padre me permitió ir diariamente al instituto de la Carlota donde lo terminé y obtuve dos becas, para seguir. Elegí ir a la Universidad Laboral de Sevilla, con catorce años. Allí hice bachiller superior, COU y comencé las carreras de Psicología y Derecho, pues tenía dudas entre ellas. En el segundo trimestre me decanté por  Derecho. A pesar de las becas, mi familia no se podía permitir prescindir de mis ingresos por lo que trabajaba siempre en vacaciones en el campo y, a veces de camarero en las ferias. En Sevilla fui árbitro de fútbol, para tener para mis gastos durante el curso. Desde que gané mi primer sueldo de 100 pesetas con 12 años en el campo, he dado clases particulares, he sido albañil y socio de una cooperativa de construcción tres años,  agente comercial 15 años y abogado porque finalmente pude terminar, del 92 al 95, los dos cursos de derecho que me quedaban, y me colegié en el 98, a los cuarenta años.

FINAL DEL FRANQUISMO Y TRANSICIÓN

En política entré por atreverme a poner una pancarta a Rafael Cabello de Alba, Ministro de Hacienda de Franco el 6 de julio de 1975. Pedía agua potable, alcantarillado, médico, formación, y mejores condiciones de vida. “La realidad está fuera de su recorrido era la última frase”, era la última frase de una pancarta que era un discurso. Fui detenido e interrogado por alguien que después fue miembro de la Mesa del Parlamento Andaluz y Senador por el PP. Mi casa y la de todos mis amigos fueron registradas. Pidieron informes míos a la Universidad Laboral de Sevilla, pero, afortunadamente, mi labor de apostolado en el Polígono Sur (hoy las 3.000), Torreblanca, Bellavista y Cerro del Águila, me granjearon un buen informe. Sí, iba para cura pero me desvié.  En diciembre de ese mismo año, contactó conmigo el Partido Comunista en la clandestinidad y me afilié. Conocí a una gente maravillosa, sacrificada y generosa hasta extremos que hoy aún me resultan increíbles. Era mi primer curso universitario en Sevilla, pero en mi Facultad de Derecho estudiaban los cachorros del franquismos andaluz, pero allí mi prioridad eran los estudios de dos carreras y seguir con la beca. Fue en Córdoba, el segundo año, cuando me integré algo en el movimiento estudiantil, pero ya era líder sindical de CCOO del Campo y, por poco tiempo,  Secretario Comarcal del PCE en el bajo Guadalquivir. Participé en las luchas jornaleras de Palma del Río, y desde mi pueblo, encabecé la única huelga que se ha hecho en el cortijo Moratalla, con el único piquete que ha entrado nunca en ese cortijo (el SAT entro en el Palacio de otro dueño). Fue pocos días después de las primeras elecciones generales el 15 de mayo de 1977, y  como es lógico los once fuimos detenidos y yo ligeramente “maltratado”, en Posadas. Pero en esa época 1976 a 77, fueron seis las veces que, por pedir la legalización del PCE y CCOO, participando en mítines, vender Mundo Obrero, o organizar demandas colectivas, anduve el camino al cuartel. Al final, se les acababan las preguntas, pero tenían que tenerme allí unas horas, llegué a confraternizar con un cabo primero, aprovechaba para intentar democratizarlos, y un compañero me dijo una vez que si quería afiliarlos al PCE.  Curiosamente, en esos tiempos de vértigo, un tiempo después, tuve en mis manos un borrador de la AUGC.



MOVIMIENTOS VECINALES.-
En el movimiento vecinal, en mi pueblo, fui promotor de una especie de mutua asociada a la Asociación de Vecinos, por la que, hoy en tres aldeas, nadie paga seguro de defunción y los socios tienen esos gastos funerarios cubiertos con la pequeña cuota proporcional a la suma de los años de los miembros de la familia.
Desde 1999 a 2009, defendiendo a las diez Asociaciones de Ochavillo, llevé la constitución de la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río. El mismo día que cumplí 50 años, el TSJA estimó mi recurso contencioso contra la Junta por el que se ha constituido el Ayuntamiento de mi pueblo.

En Córdoba, en el Parque Figueroa, participé en la Junta Directiva que inició las primeras experiencias de construcción vecinal de aparcamientos subterráneos e instalación de ascensores en los bloques. He sido dos veces directivo del Club Figueroa (en el 96-97 como presidente), forzado por muchos socios para sacar las dos veces al Club de situaciones muy graves.


INSTITUCIONAL Y CARGOS ORGÁNICOS
En lo institucional, en las primeras elecciones municipales, desde el PCE, propuse la redacción del programa en Asambleas de las 10 aldeas para detectar problemas, proponer soluciones y animar a los ciudadanos a integrarse en la candidatura, elegida igualmente en Asamblea. Tuve problemas con el Comité provincial del PCE, pero la experiencia sirvió para que muchos independientes quisieran ir finalmente con esas siglas. Con 19 años, no acepté encabezar la candidatura, fui el cuarto de la lista, y fueron tres los elegidos. El PSOE (al que ingenuamente ayudé con los trámites de su candidatura a que se presentara) obtuvo cuatro. Gobernamos en coalición, pero la traición de nuestro cabeza de lista que se pasó al PSOE, rompió la coalición. Pasado el tiempo, aquella experiencia revivió en 2003, con una candidatura unitaria y vecinal llamada  OLIVO, que ganó las elecciones a un alcalde corrupto, como ha quedado ya acreditado mediante cuatro querellas que inicié como abogado, de las que, en los dos primeros juicios, los menos graves, ya acumula 5 años de prisión; los mismos que el Secretario municipal.

En cuanto a cargos orgánicos, en 1984 estuve en el Comité Provincial del PCE, llevando el área de Agricultura, que organizó la primera y única Conferencia Agraria del PCA en Aguilar de la Frontera. Recorrí, sin sueldo y pagando los gastos de mi bolsillo, toda la provincia con mi amigo José Alonso Cervilla, secretario de COAG. Participé en Convocatoria por Andalucía en el Área de Economía. Estuve en  Asamblea constituyente de IU, en la primera Conferencia sobre Europa, donde el equipo de economistas y expertos, fijaron las posiciones que Julio siempre ha defendido. Me marcó la sabiduría y humildad de Salvador Jové, quien como eurodiputado fuera reconocido sin fisuras, como el gran defensor del aceite de oliva español. Forzado por las circunstancias del relevo inesperado de Ernesto Caballero, desempeñé durante un año el cargo de Responsable de Política Institucional de IUCA, en Córdoba. Fue la etapa política más intensa de mi vida y al final la más decepcionante. Me quedo con que desde bambalinas, pude desbloquear con el PSOE la elección del primer Gerente de Urbanismo de la ciudad que llevaba dos años paralizando dos años la puesta en marcha del PGOU, pactando con el PSOE también para quitar al PP la alcaldía de Bujalance, una situación irregular y enquistada. Coordiné en ese año tres campañas electorales (primeras europeas, generales y andaluzas), en las que IU llegó a obtener sus mejores resultados y un senador de elección directa. Se unificaron políticas sectoriales en lo municipal y tuve el desagradable deber de proponer la expulsión de cinco concejales, y un Alcalde, que como fuera mantenido en contra de la ética obligada, me forzó a plantearme la disyuntiva de denunciarlo o dimitir. Elegí lo segundo. Fue un error que el pueblo resolvió con su voto en las elecciones siguientes, que me dejó una huella profunda. La persistencia en poner lo personal antes que lo colectivo, lo institucional sobre la coherencia de todo el proyecto, me llevó a la sensación de impotencia permanente, para cambiar nada, para mantenerme coherente. Con un dolor tremendo abandoné sin decir nada, sin tramitar baja alguna, en 1997 el PCE e IU.
He mantenido, y creo mantener, muchos afectos, muchas complicidades entre aquellos camaradas a los que encontré en 1975 en la clandestinidad de un arroyo de la aldea de Silillos, donde recibí un carnet cuadrado con una hoz y un martillo de manos de Filomeno Aparicio Lobo, quien junto a Miguel Galadí representaban al Comité Provincial de más altura de España. Entonces Julio Anguita era uno más. No es este el momento para tratar sobre la tragedia griega, del desmontaje de aquel gran partido, del PARTIDO, al que no le hacían falta apellidos. Aquel al que se incorporaban los mejores intelectuales, los activistas más comprometidos, que unía todas las causas, que fue hegemónico en los peores tiempos y prácticamente (auto)inmolado ante otros protagonismos emergentes.

DESDE EL 15M

         Cuanta gente ha dicho que el 15M les dio vida. Ese fue mi caso. Venía de que mi mayor éxito profesional me llevara a la mayor derrota personal. Mi pueblo tenía ayuntamiento, lo gobernaba IU, pero ni siquiera me invitaron a su constitución, ni hasta hoy me han pagado un duro por diez años de lucha para conseguirlo. Ese era el precio por decir lo que pensaba y defender que lo que era una herramienta para el pueblo, no fuese un botín para cuatro.

          En esa encrucijada estaba, cuando en marzo y abril de 2011, me uno a la causa de un discapacitado llamado José Luis Burgos que estuvo, en dos ocasiones, haciendo huelga de hambre ante el Banco de Santander en Barcelona, y decidió peregrinar por España uniendo voluntades contra la Banca. Le organicé su paso por Córdoba y conocí  el sufrimiento de los hipotecados. A mediados de Mayo de 2011, salta la chispa y las calles y las plazas se visten de rebeldía y esperanza; de gritos contra políticos y banqueros. Esos que han convertido en trincheras las puertas de las casas de la gente honrada, engañada y saqueada. Ese fue el discreto mensaje que llevé a la Acampada Bulevar. Pero había otras cuestiones que debatir, mucha ilusión que administrar, muchas diferencias que costaba centrar en ese objetivo.  Al fin de un taller que dimos Pepe Coy y yo, surgió el Grupo Stop Desahucios 15M Córdoba. Estuve año y medio como asesor, la mayor parte, en los comienzos, como único asesor. La creciente movilización y la apertura de nuevas vías jurídicas que un grupo de abogados de todo el país fuimos abriendo y compartiendo, rescató a las familias que llegaban al calor de los éxitos, de la brecha que nos fuimos abriendo en los medios, de iniciativas como la ILP. Pero el éxito atrae y un día llegué a una Asamblea en la que ya era evidente la penetración partidaria de IU y PSOE. El 3 de junio de 2012 nos convocamos en Málaga por primera vez todas las plataformas.  Todas las propuestas que llevábamos de Córdoba fueran aprobadas para ser planteadas a Elena Cortés. Después de ser aceptadas el 31 de julio en la Corrala la Utopía, el parto se retrasó hasta marzo de 2013. El impuesto a la vivienda desocupada se transformó en posibles sanciones a los bancos que si son recurridas no quedarían en nada eficaz. La expropiación de uso era excepcional y muy reducida y estrecha la posibilidad de una familia de ser beneficiaria. El derecho de tanteo y retracto a favor de la administración y/o el ejecutado, ni siquiera planteada para evitar la intervención de los fondos buitre. Mis críticas, junto a la denuncia a un intruso que sin ser letrado fue propuesto por el jefe de gabinete de la propia Elena Cortés, y mi convalecencia de un problema cardiaco, me hicieron presa fácil de unos métodos a los que, últimamente, también en otros ámbitos,  me he tenido que ir acostumbrando. Me quedo con la enorme satisfacción de las familias que he conocido, a las que sigo atendiendo mediante el mejor instrumento que en toda España tienen los afectados por la estafa hipotecaria: el turno especial hipotecario del Colegio de Abogados de Córdoba, pionero y único hasta que hace dos meses le ha seguido el colegio de Barcelona. Esa ha sido, por su eficacia, la mejor aportación a la que he podido contribuir desde mi influencia para crear el turno especial junto a la Comisión de Derecho Hipotecario.
Después vino el Colectivo Prometeo, el Frente Cívico Somos Mayoría, el Frente Jurídico del Frente Cívico, y, como concreción, mi personación como acusación en el caso Noos. Esa historia está pendiente de escribir, en un tiempo adecuado, es decir, cuando termine.
Como veo que la chapa amenaza con ser insoportable, para los masoquistas que quieran conocer más de mis ideas y propuestas, les dejo mi blog PODER CIUDADANO http://milandelgado.blogspot.com.es/ . Mi actividad en las redes se puede ver en las notas de mi FB, y en él hay muchas entradas y artículos, que no he tenido tiempo de pasar a Notas o Blog.
Recomiendo en él mi propuesta de reforma de la Ley Electoral que fue asumida por el FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA, el Manifiesto para la creación de un FRENTE JURÍDICO EN EL FCSM, que sirvió de borrador para el debate y aprobación del Círculo sectorial, PODEMOS JUSTICIA, del documento sobre LÍNEAS DE TRABAJO de dicho círculo, y una propuesta de resolución sobre apertura de investigación en todas las Cajas de Ahorro.

Como abogado he intentado ponerme siempre al servicio de los débiles y perseguidos, al servicio gratuitamente de muchas de las causas justas. Además del derecho a la vivienda, de la defensa de la autonomía municipal y de las Entidades Locales Autónomas, a las que me he referido, profesionalmente, me especialicé en la defensa de los arrendatarios, llevando asuntos contra de los grandes terratenientes, entre ellos la Duquesa de Alba y el Obispo de Cádiz. Alguna vez también en procesos penales defendí a activistas de la recuperación de los caminos públicos, como Desalambrar. Desde hace unas semanas, asesoro a una plataforma para la recuperación de las aguas termales de Alhama de Granada, como un bien comunal, después de su apropiación privada.
Como ya he dicho, he intentado ir, personal y profesionalmente,  contra la corrupción.  Cuando se me ha dado esa posibilidad me encanta crecerme ante los que se consideran dioses inalcanzables. Pero también saben, quien me ha querido mal, que no sé defenderme de los que creo que van a mi lado, de los considero “los míos”.


MOTIVACIÓN PARA PRESENTARME

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  Sé que tengo alguna experiencia en oponerme a lo que siempre fue viejo, por mucho que los ropajes sean de última moda. Me considero de los relativamente pocos que combatimos contra las injusticias que hoy sufrimos, de los que no se consideran imprescindibles, pero también se niegan a que algunos los consideren culpables. Somos, como todos, victimas de derrotas colectivas, pero al menos somos de los luchamos y perdimos, mientras la mayoría creía que estaba ganando. Fuimos de los que llevamos mucho tiempo intentando lo que ahora se cree nuevo, pero que no lo es tanto, si prescindimos de las aportaciones de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entre los que sabemos ya mil formas de errar, de que lo que se proyecta como nuevo termine siendo una nueva versión de lo viejo, me considero alumno aventajado. También estaré siempre entre los que nunca aprenderá a resignarse ante la barbarie y se ilusionarán con cada brizna de hierba que nazca en el desierto.


Reconozco que tengo defectos evidentes que se reflejan en este mismo escrito. A pesar de ser todo cierto, no deja de ser una reivindicación ante mi mismo, de mi derecho a reivindicar mis propias y queridas derrotas,  de, simplemente, afirmar que lo intenté de buena fe. De pedir una última oportunidad para ayudar a quienes están destinados a seguir. Lo hago porque creo en la gente decente y consciente que ama su ciudad y su país; en esa energía nueva de la juventud, en la inteligencia colectiva, en la capacidad del ser humano de salvarse con la fuerza de la solidaridad.

En definitiva, como ha habido demasiados incautos que me han animado, os animo yo a tod@s, candidatos o no, a dar la cara; a hacer vuestra parte, a dar ánimos también a mis compañeras y compañeros candidat@s para que este proceso sea una suma de energía positiva en la que ganemos colectivamente. Porque es esa la única manera de ganar.
Quiero expresar que veo en el ambiente, en la gran cantidad de personas a las que he encontrado en PODEMOS esas enormes ganas de aprovechar esta oportunidad colectiva para ayudar a transformar en sonrisas los miedos y el dolor de tanta gente, durante tantos años.
Algunos, además, queremos darle sentido a tantas vidas entregadas. Queremos tener tiempo para ver abiertas las alamedas del futuro. Algunos, además, ese día quisiéramos llorar por los ausentes.







jueves, 28 de agosto de 2014

PODEMOS Y LA IZQUIERDA Tod@s para tod@s y Wily Toledo.



Después de leer las críticas de Wily Toledo a PODEMOS, que son también, de paso, al 15M, no en un twitt, sino en un largo artículo, me gustaría dejar claro que son legítimas, que son útiles, pero que no las comparto.

 Son legítimas porque quien las emite merece mi respeto como persona, como profesional y como hombre coherente con unas ideas que, aunque no las compartiera en su totalidad, son respetables en si mismas, pero además son coherentes con la andadura de quien las emite. 

Son útiles porque siempre es útil pensar que hay otro punto de vista, que hay que ratificar cada día lo que pensamos con la realidad, y dentro de la realidad, de la más cruda, y no fuera de ella, ha estado combatiendo siempre Wily Toledo.
Otra cosa es que, aunque esté de acuerdo en la mayor parte del análisis, lo esté también con la  visión de Wily, con sus juicios sobre PODEMOS, porque no lo son. No son juicios, son prejuicios, son especulaciones, son juicios de intenciones, que, al menos yo,  no prejuzgo malintencionadas.

           Podemos es hoy una apuesta, una fuerza que se definirá –en futuro- sobre todo por un método para lograr unos objetivos compartidos. Es ahora, sobre todo, ese método lo que se está discutiendo, de la manera más abierta y participativa que hoy es posible.
Se definirá – o eso espero- por el objetivo amplio, pero muy fácil de concretar al mimo tiempo,  de lograr la efectividad de todos los Derechos Humanos, y la supervivencia del ser humano junto al resto de especies y de la vida en el Planeta.  Las críticas de Wily provienen del prejuicio de que eso no será así. Como él mismo dice, analizando lo que sí y lo que no hará PODEMOS, el tiempo lo dirá. Bueno, el tiempo y lo diremos nosotr@s. Él mismo está diciendo, está influyendo, aunque con los dos píes ya fuera, -según dice tuvo sólo medio pie dentro-, pero siendo escuchado más que ninguno de los que hoy estamos en PODEMOS.
Pero si son prejuicios, ¿por qué son útiles estos prejuicios?. Porque sirven para vacunarnos del exceso de triunfalismo de algunos, o de muchos, en cuanto vemos una salida posible, a una derrota que hasta ahora ha sido permanente. Sin embargo, la vacuna es una pequeña dosis de la enfermedad, vencible por los anticuerpos que el sistema inmunológico genera. Si la enfermedad fuese el triunfalismo, la respuesta debe ser el trabajo humilde y abierto con todas y todos los que quieran aportar. Es una advertencia que, como tal, no conviene tenerla por nimiedad, generando defensas contra quien no es el enemigo. Para mi Wily, ni los que piensan y actúan como él, nunca serán el enemigo. Es absurdo que a mi nadie me dé a elegir entre Susana Díaz o Pedro Sánchez y Wily Toledo, porque aún no tengo edad para tener cataratas. Ni veo a la caverna detrás suyo, ni a los intereses de burócratas acomodados en el sistema. Una de las virtudes que espero tener, y aconsejo, es no confundirse de enemigo. Nadie que haya estado, por ejemplo, en la puerta de una familia defendiendo su vivienda es nuestro enemigo. Aunque después sea desagradable lo que diga de esto o de lo otro.

Dejando de hablar de las críticas de Wily, quiero hablar de PODEMOS y de  ese nosotr@s, al que se refería Julio Anguita en su magnífico artículo de hace unos días.

PODEMOS es hoy sólo una esperanza, la que siempre anida en el pueblo cuando piensa UNIDO, sin estar condicionado por banderías, sin miedo a pensar, sin miedo a hacer lo que sólo al pueblo, colectivamente, siendo pueblo, le interesa. Me pregunto si esto, realmente, ha ocurrido alguna vez en la historia de la Humanidad.

Muchas veces, casi siempre, nos separan dos cosas, los símbolos y el lenguaje. Estamos condicionados por los símbolos (banderas, siglas, líderes) y las palabras que hacen posible comunicarnos y equivocarnos. Encontrarnos y separarnos. Cuando además algunos plantean cambiar las palabras para llegar a comunicar más y prescindir de banderas, siglas y líderes, aparece el miedo en quienes tienen muy estudiado como usarlos para someternos, y en quienes se atrincheran en palabras sagradas que hace tiempo no definen casi nada. Palabras que no sirven porque confunden, porque dividen, porque excluyen. Decir que se es de izquierdas, estaba muy bien cuando sabíamos lo que significaba, cuando no inducía a error. Hoy es un cajón de sastre donde cabe casi todo. Es un desastre para comunicarnos, para unirnos, para simplemente hablar hasta entre los que siempre nos consideramos de izquierda. La palabra español, ¿significa lo mismo para un sufrido desahuciado de este país, que para la Infanta Elena, para los ladrones de EREs o Gürtel, o para los forofos de la selección?. La palabra obrero significa hoy muchas cosas, ¿todas son lo mismo que lo que era un obrero para Marx?.
El lenguaje evoluciona, sino ahora hablaríamos el Latín de Ovidio. Los símbolos son sólo eso, una representación de lo simbolizado. Pero son los contenidos lo importante, la sustancia y no el envoltorio. Las formas no siempre son el fondo. Ni los mensajes son la realidad que se quiere comunicar.

Hay otra cosa que nos separa: quien es el que se adueña del mensaje, quien se identifica con él. Viene al caso porque estamos TODOS al borde de un peligro: la monarquía del lenguaje, que nos lleva a identificar lo visible con lo real, a simplificar para mentir, hasta que la mentira se convierte en verdad. PODEMOS empezó siendo para muchos el partido de Pablo Iglesias. Si estoy en PODEMOS es porque sé que él  no lo cree y sé que luchará para cortar de raíz esa identificación. No es tampoco ninguna de las personas que lanzaron PODEMOS. No hace falta recordar lo importante desde el punto de vista político y mediático que ha sido Pablo, pero si cada persona en PODEMOS, no se siente con el mismo poder que Pablo, PODEMOS no existe.
PODEMOS somos, o seremos, la ciudadanía con el poder que nos corresponde, con eso que llamamos soberanía en la Constitución, con lo que hoy tiene la Troika.
Como ciudadano, cada uno y todos juntos, tenemos que tener una ambición enorme, una inteligencia y una audacia nunca vista, para soportar el lastre de siglos de obediencia ciega.
Eso ha hecho Pablo, Ada Colau, y cientos de miles que hemos dado el paso. No para él, ni para ella, ni tú para ti, ni yo para mí. Tod@s para tod@s.


sábado, 25 de enero de 2014

SOMOS INOCENTES. ESPERO “QUE NOS VAYA BIEN”



El Frente Cívico Somos Mayoría aborda con su petición de personarse en el Caso Noos el fenómeno de la corrupción, como la manifestación más evidente de que el poder institucional no es el verdadero poder porque está dominado y al servicio del poder económico. Como este verdadero poder no puede cumplir las leyes más que en su apariencia externa, se dota de otros mecanismos, al margen del sistema legal, que no aparecen públicamente más que en caso de emergencia.

La emergencia actual para ese “Estado” subterráneo tiene en la imputación de la Infanta su manifestación más clara, pero no es ni mucho menos la única. Ha sido y es de tal entidad la podredumbre que nos asola por todas partes que las alcantarillas se han colapsado y reboza a la superficie hasta las más altas cotas. La existencia de jueces concretos que intentan ser coherentes con su obligación de independencia e imparcialidad, sometiéndose solo a la ley, es decir los que se salen del guión preestablecido, han forzado a que, para compensar, otros agentes del sistema utilicen cualquier resquicio para  imponer, sobre la ley, la fuerza del verdadero poder.

         Ser conscientes de la realidad nos puede llevar a dos posiciones antagónicas, a elegir entre dos alternativas vitales que producirán consecuencias en cada uno individualmente y en la sociedad en su conjunto.   La primera es resignarse a que la ciudadanía no tiene el poder, nunca lo tuvo y nunca lo tendrá. Como estamos viendo en ese pecado llevamos estas penitencias.  La segunda es creer que podemos ejercer colectivamente nuestro poder, ese que la Constitución llama soberanía nacional, esa que reside en el pueblo español y de la que tendrían que emanar todos los poderes del Estado.

Ante la constatación de que la ciudadanía y sus derechos hoy no valen nada, de que las personas somos mercancía cada vez más barata, en Frente Cívico Somos Mayoría optamos por actuar. En la sociedad crece la idea de que no podemos resignarnos, de que resignarnos es morir lentamente en la indignidad. En el escrito de personación en el caso Noos, lo expreso así:

“El pueblo español observa el deterioro de las instituciones de las que se ha dotado y se siente moralmente agredido por la falta de respeto que se desprende de […] las manifestaciones públicas y de los escritos procesales de quienes, con mayor exigencia, debieran asumir la defensa de lo colectivo. Defenderemos la igualdad real de todos los ciudadanos ante la ley, el correcto funcionamiento de las instituciones que deben ser garantes de su aplicación; colaboraremos al equilibrio real entre las posiciones defensoras y acusadoras en este procedimiento, y reaccionaremos ante cualquier cuestionamiento injustificado e intolerable a la independencia e imparcialidad del juez, pues en la dignidad de su labor tenemos los ciudadanos depositada la nuestra”.

Hay momentos en los que la rebelión no es una opción, es una obligación. Hay momentos en los que pasar a la ofensiva es la única manera de defenderse.

Estas son las armas que tenemos: las leyes que nos amparan, el ejercicio pleno de los derechos y libertades civiles para expresar nuestra voluntad mayoritaria, es decir nuestra soberanía; y finalmente, cuando las leyes vulneren los Derechos Humanos o se usen contra esta voluntad mayoritaria y contra los derechos inherentes a las personas, sólo nos quedará la desobediencia y la rebelión.

Nuestra fortaleza está en la razón mayoritaria que se manifiesta en la ley suprema del respeto a los Derechos  Humanos, a ese mínimo de dignidad del que nadie puede prescindir y que nadie tiene concedido el poder de violar. Pero esa ley no se impone por si misma, necesitamos organizarnos, unirnos y construir el poder de la ciudadanía en un Estado donde el Derecho esté por encima de la fuerza y la ley evite la arbitrariedad del poderoso exigiendo que ésta se aplique a todos por igual. Es decir, no podemos prescindir del Estado de Derecho ni dejar que sea letra muerta en un papel. 

Podemos, y es hoy más imprescindible que nunca, construir el Estado verdaderamente Democrático en defensa del Estado Social. Para ello necesitamos una la ley electoral que garantice la responsabilidad directa ante sus electores de nuestros representantes, que éstos estén respaldados por el mismo número de ciudadanos; que uno de los delitos más graves sea el de estafa electoral; que el pueblo decida directamente sobre las cuestiones fundamentales como son la organización del Estado y el equilibrio de sus Poderes, los derechos y libertades garantizados, sus responsabilidades y sus obligaciones; la planificación y el control democrático de la  economía en sus sectores estratégicos, garantizando que la riqueza nacional esté supeditada al interés general que se concreta en una vida digna para todos los ciudadanos y en el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos. 

          
Como todos estos objetivos no se apartan de la Constitución, están legitimados por la aspiración de los seres humanos a vernos libres de la necesidad, pero son incompatibles con la corrupción, la represión más legítima es la que ejerce el juez concreto en nombre de toda la ciudadanía para defender “el Estado de Derecho, del que forma parte esencial el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el correcto equilibrio de los poderes del Estado” Para ello, “al amparo de lo dispuesto en los artículos 125 de la Constitución, artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  y 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” el FRENTE CÍVICO en nombre de LA MAYORÍA, ha solicitado personarse en las diligencias previas 2677/08, Pieza Separada, 25, del Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca, a cargo del Juez Don José Castro.

        


             Lo hacemos porque, en definitiva, estamos convencidos de que en este asunto tanto el juez como la ciudadanía somos inocentes, porque queremos que las leyes se apliquen a todos por igual y, “sin adelantar acontecimientos”, pelearemos para que a la mayoría social y al Estado Social y Democrático de Derecho, “nos vaya bien”.  

miércoles, 15 de enero de 2014

JUSTICIA, DERECHOS Y REBELDÍA (Borrador sobre propuesta de actuación jurídica coordinada dentro de una estrategia global)

             El propósito de este escrito es hacer una breve e incompleta auditoria del funcionamiento de las instituciones en las que se configuran los poderes del Estado, poniendo en la balanza los hechos concretos, la respuesta institucional que sería normal y esperable en garantía de los derechos y, poner a disposición de la sociedad las respuestas que el propio ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición para corregirlas.

La realidad social, económica y política evidencian una profunda descomposición, frustración y alarma que ha penetrado en la mayoría de  la sociedad y se traduce en la vida de cada uno de nosotros/as.
Hay voces que dan por muerto el Estado de Derecho, ante su incapacidad para dar respuesta a la corrupción  que cuestiona el sistema institucional, al desmantelamiento de los derechos sociales, al deterioro de los servicios públicos, atacados por los recortes y la privatización, a los escandalosos índices de desempleo, de desahucios. En definitiva, que los ciudadanos estamos inermes para pedir la protección de los más elementales Derechos Humanos, mientras campa la impunidad de hecho, y la desigualdad de trato ante la ley, de los que son, más que presuntamente, responsables de esta situación.              
         
             
          CORRUPCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA.- 

             Los casos concretos son sólo síntomas de una enfermad grave y letal para la sociedad, para la democracia, su sistema institucional, para los partidos y sindicatos y, lo que es más importante, para la garantía de los derechos de la ciudadanía y de la convivencia. Urge por tanto abordarlos, TODOS Y CADA UNO de ellos, con ejemplaridad y con todas las consecuencias, pero sin perder de vista el conjunto y el origen que los ha hecho posibles.

             Casa Real, Fiscalía, Agencia Tributaria.- 

           Tirando del hilo, en cada uno de los casos de corrupción, es posible llegar al mismo ovillo, pero es el caso Noos, con la implicación del yerno y la hija del Rey, el que está suponiendo la prueba de mayor desviación del cumplimiento de las funciones y de sus estatutos legales, de instituciones esenciales para una correcta e igualitaria aplicación de la ley como la Fiscalía o la Agencia Tributaria. Es un caso penal ordinario, por un delito normal, sin embargo es por la sigularidad de los presuntos delincuentes, frente al normal cumplimiento de sus responsabilidades del juez instructor, por lo que este caso es muy interesante para evidenciar, los males de raíz que nos aquejan y han dado muestras de irregularidades e ilegalidades en otros casos.  
           
           Estas anormalidades deben ser depuradas y corregidas, más allá de que el juez Castro llegue hasta el final en la instrucción, y posteriormente el juez de lo Penal dicte lo que proceda, sobre las responsabilidades penales de los ahora imputados.

Estas debieran ser las preguntas que deben ser respondidas: ¿Están el fiscal del caso y la superioridad de la Agencia Tributaria al servicio de la defensa de una imputada?. En caso afirmativo, ¿qué relación tiene esa conducta con su condición de hija del rey?. Si es así, habrá perseguir penalmente los delitos de obstrucción a la justicia, prevaricación y otros contra los peritos de Hacienda y contra la Fiscalía. Al estar el fiscal del caso bajo dependencia jerárquica, quienes hayan podido condicionar su imparcial actuación deben ser el objetivo. ¿Podemos llegar a los minitros Gallardón y Montoro?. Si ha habido contactos de éstos con la casa real para influir en su actuación, tenemos derecho a saberlo.  

Los hechos que se imputan son muy concretos y de naturaleza objetiva. No estamos ante delitos en los que influyan los elementos subjetivos e interpretables del tipo penal, como el conocimiento o la intención (por ejemplo el “a sabiendas de su injusticia” en el delito de prevaricación). Por este motivo hay que depurar las responsabilidades de la Fiscalía en todas sus implicaciones o instancias jerárquicas. ¿Qué instrucciones ha recibido ese fiscal para estar siendo un obstáculo a la aplicación de la ley al caso concreto como se desprende del prolijo y sólido Auto de imputación del juez Castro?.


          
        La prueba pericial emanada de la Agencia Tributaria choca con la realidad contrastada por informes anteriores y con la práctica habitual del trato a cualquier ciudadano/a. Si el juez evidencia la ilegalidad de facturas y basa en las mismas la imputación, ¿qué privilegio tiene esta ciudadana para convertir en legal lo objetivamente ilegal?. ¿Incurre dicho informe en una conducta incardinable en el Código penal?.

Urge que se concrete un acusación popular que llegue al tuétano de la gravedad del asunto.

¿Ocurre lo mismo en otros casos como en el que han cesado a una inspectora y ha dimitido su superior, por desestimar un recurso de la multinacional PEMEX?. En caso afirmativo ¿tiene este anormal funcionamiento relación con que más del 70% del fraude fiscal, que la el sindicato GESTHA calcula en más 89.000 millones de euros, se concentre en los grandes (no) contribuyentes?.  
         
           No hace falta ser un lince para deducir las gravísimas consecuencias que tiene que el Estado no cuente con los más de 50.000 millones de euros defraudados, que ya supone más de un 5% del PIB, que para unos ayudaría a resolver el problema del déficit anual del Estado, disminuiría el incremento de la deuda pública, lo que hay que pedir de más cada año a los mercados (a los mismos que presuntamente defraudan); para otros evitaría someter a durísimos recortes en el gasto social, ese que hace efectivos los derechos esenciales de los ciudadanos, o aumentar la carga fiscal a las capas medias y populares con impuestos indirectos como el IVA, que no discriminan según los ingresos del contribuyente, aumentando la desigualdad, empobreciendo a los pobres y restringiendo el consumo hasta de lo más esencial. Hasta los medicamentos se han visto afectados por el tipo máximo del 21% de IVA.
             
           Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Partidos Políticos y Cajas de Ahorros. 

           El pueblo español, (la Iglesia Católica en algunos casos) era propietario, usuario y beneficiario de las Cajas de Ahorros. Su nivel de negocio, sus activos, la obra social que realizaban y, sobre todo, la financiación de la economía real, de la pequeña y mediana empresa, autónomos y de las familias, competía y estorbaba a la gran banca nacional y extranjera.  
           
          La inmensa mayoría de las Cajas de Ahorro ha desaparecido dejando un rastro de nepotismo y la corrupción de sus gestores, promovidos desde los aparatos de los partidos políticos, en recíproco beneficio: unos disfrutaban de sueldos y privilegios escandalosos, y otros se han financiado, llegando se perdonados sus créditos.  Las consecuencias no han podido ser más graves. En lo concreto, muchos ahorradores han sido presuntamente estafados, los deudores hipotecarios han sido sometidos a cláusulas abusivas en sus contratos para compra de vivienda habitual. En lo general, la vivienda llegó a unos precios astronómicos fruto de la especulación galopante incentivada por los entes locales, las cajas de ahorro y el sistema financiero internacional. Entre todos, de forma planificada, convirtieron un bien de interés social, garantía de un derecho humano, esencial en sí mismo e instrumento de protección del derecho a la salud, la intimidad y la protección a la familia y la infancia, en un bien de inversión especulativa. Por último, el Gobierno ha socializado la ruina acumulada y los contribuyentes, con el dinero de todos, pero sin contar con nuestro consentimiento, estamos pagando con mayores impuestos, todas esas tropelías. Casi nadie ha respondido de este crimen. Nadie ha pagado por ello como debiera.
  
            El poder judicial se ha visto sobrecargado de trabajo con las ejecuciones hipotecarias, los concursos de acreedores, o las reclamaciones por impagos en todo el entramado productivo de la construcción o sectores dependientes de él, que, de la noche a la mañana se han visto en la ruina total. En el ámbito penal, son muchos los casos de corrupción de la administración local, pero ni mucho menos son todos. Muchos menos, ante la inactividad de la fiscalía, son los gestores de Cajas de Ahorros imputados, y nadie entre los organismos reguladores CNMV y Banco de España.

            De esta manera llegamos a los dos grandes partidos políticos, a los casos de financiación ilegal de sus campañas y a los sobresueldos pagados a sus altos cargos. Llegamos al tráfico de influencias en la contratación de obra pública y en los servicios públicos. De ahí al dinero negro, a las cuentas en suiza y en paraísos fiscales. Lo público y lo privado se confunden en un círculo vicioso, en una puerta giratoria, en una noria de fango que el pueblo, durante años ciego y confiado, pero ya exhausto, pesadamente, está haciendo girar.
            
     La justicia, instada por los ciudadanos ante la ausencia de iniciativa de la Fiscalía, tiene que retratarse ante estos hechos de tan enorme trascendencia y sus criminales consecuencias.

       Los Gobiernos, las Cortes Generales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, y más abajo los gobiernos y parlamentos autonómicos y los ayuntamientos.

     Todas estas instituciones han fallado porque son un todo con los partidos políticos de los que emanan. Todas las instituciones, de manera directa o indirecta, están sometidas al control de los dos grandes partidos para que nunca puedan controlarse entre ellas; para que se muy complicado restaurar la legalidad, depurar los incumplimientos, y mucho menos, satisfacer las necesidades de la sociedad cumpliendo los mandatos constitucionales. Todo ello está ocurriendo, en su propio beneficio y por obediencia a los que, fuera de las instituciones, fuera incluso de nuestras fronteras, ejercen un PODER arbitrario y opresor. Estamos hablando de Alta Traición a los intereses del pueblo español. 
           
   Hasta tal punto es así que, puestos de acuerdo los dos grandes partidos en esa OBEDIENCIA A UN PODER EXTRAÑO A LA SOBERANÍA NACIONAL DEL PUEBLO ESPAÑOL, la Constitución tenía que ser devaluada, derogada de hecho sin consultar al pueblo y CONTRA EL PUEBLO Y LOS DERECHOS que la misma reconoce.  
             
        

            Los jueces
            
          Ante tan alta traición, no cabe apelar a los mismos que, debiendo ser garantes de la legalidad, la traicionan. No obstante, son encomiables los ejemplos de cientos de jueces que, en el cumplimiento de su deber ejercen uno de los poderes del Estado. La justicia, la aplicación de la ley se concreta en la actuación independiente de cada juez ante cada caso. Con todas las dificultades del mundo, a pesar de todo, los jueces -muchos de ellos- cumplen y hacen cumplir las leyes aplicables al caso concreto. Pero ya sabemos que ni todos lo intentan, ni mucho menos lo consiguen, pero sólo son cuestionados y pagan por su osadía los que se topan con el único Poder hoy realmente efectivo. Ante los casos “comprometidos”  sufren la presión de los poderosos y de los medios de comunicación a su servicio. Sabemos el precio que están pagando y como algunos ya han sido expulsados de manera indigna por tener que decidir entre la ley y la obediencia, precisamente, a quien más la vulnera.   
  
     No los hemos apoyado suficientemente. Los hemos metido muchas veces a todos en el mismo saco, cuando en ellos, en que alimentemos con nuestro apoyo la dignidad y grandeza de su labor, en obligarlos con masivas acciones populares, tenemos que depositar los ciudadanos nuestra confianza en la ley y la aplicación de la justicia.

   Nuestras omisiones son las que nos condenan. Todo esto ha llegado en ausencia de una ciudadanía empoderada, de ese pueblo que se siente como tal. España es hoy el sufrimiento de los/as españoles/as y el conjunto de la ciudadanía  no puede permanecer más tiempo en silencio, sin comprometerse con el destino de nuestro país y el futuro de las nuevas generaciones.


El Rey.- 

El precio a pagar por el monarca para que los españoles renunciaran en 1978  a tener como máximo exponente y Jefe del Estado a una persona elegido entre el pueblo y por el pueblo, era el acatamiento de la Constitución. Ese comprimo, recogido en su artículo 61, de prestar juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”, nunca cumplió ni siquiera formalmente. El solemne juramento fue incluso pedido, pero los más no lo exigieron con la excusa de que la Constitución fue sancionada por Juan Carlos, como una más de las leyes, anteriores a la ella, y posteriores a ser proclamado rey previo juramento de la legalidad franquista, ante las Cortes de Franco. Aquel juramento y el exigido por la ley, no sólo son distintos, son incompatibles, y la actuación del monarca toda una declaración de intenciones. 

Ateniéndonos a los hechos, la actuación del monarca, aunque sólo sea en relación a su familia, ha caído bajo la sospecha de que no guarda ni ha hecho guardar las leyes. Si así fuera hubiese prevenido los comportamientos que ahora se juzgan y, producidos, habría reclamado, expresa y públicamente, un trato igual a su hija, al que se dispensa a cualquier ciudadano, de la Fiscalía y de otras instancias del Estado. Hasta el juez se ha apartado de ese trato igualitario para compensar la evidente desviación de otros, porque nunca antes un juez ha justificado tanto una simple imputación, para responder y prevenirse ante la inquina de un fiscal. 

Sólo el desprestigio de la monarquía ante la ciudadanía que reflejan los estudios de opinión han motivado a llamar a la ejemplaridad de los representantes públicos y a sostener formalmente la igualdad de todos ante la ley. Pero lo ha hecho en general, en su intrascendente discurso navideño, y tras otras actuaciones que hoy desconocemos en detalle, pero que nos han hecho sospechar una intervención en su favor

Habla de ejemplaridad quien es el único declarado irresponsable e inmune ante la ley y su aplicación en un tribunal, quien hace norma de la opacidad del origen de su fortuna y del gasto real de su casa. ¿Podría ser que sea reo de encubrimiento o tácita complicidad con el estado de corrupción que vivimos?, ¿del  progresivo desconocimiento y vulneración  de los derechos y libertades a los que se nos están sometiendo los gobiernos?; ¿de las imposiciones de poderes extraños y antidemocráticos que hipotecan la vida de los españoles/as?.
  
¿Qué ha hecho y cómo se legitima en el cumplimiento de sus funciones como árbitro y moderador “del funcionamiento regular de las instituciones"?. Esas mismas instituciones que tan irregularmente actúan, que son hoy más cuestionadas que nunca desde que se instauraron. ya sabemos que los responsables son quienes las encarnan, pero entonces, si nada puede hacer, ¿para qué sirve?, ¿para qué nos sirve?. Los que dicen que se legitimó por el golpe de estado el 23F, tratan a los españoles como menores de edad y al rey como salvador, cuando quizá fue su reinado lo único que era necesario salvar. 

Los ciudadanos

Nada de lo dicho disculpa completamente a cada ciudadano y al pueblo que conformamos es siempre soberano, siempre el supremo juez. 

Una mayoría de ciudadanos, de funcionarios, de empleados públicos y no digamos los trabajadores de empresas privadas, cumplen con sus obligaciones individuales. Mucho más discutible es que ejerzan su derecho a pensar y a expresarse. A impedirlo ayudan el desconocimiento de nuestra historia y la interiorización del miedo a protagonizarla. La dignidad del ciudadano, en el subconsciente colectivo, está más asociada a cumplir el deber que a imponer los derechos. Pero ¿de qué sirve un trabajo sin salario digno para sustentar la dignidad humana?, ¿un estudio que no se puede aplicar en tu país?, ¿toda una vida de trabajo sin garantía de una pensión y una asistencia en la vejez y en la enfermedad?.  

La dignidad es la propia autoestima del ser humano que se siente libre y responsable, ante sí mismo y ante los demás, porque ayuda a construir la convivencia pacífica en una sociedad libre y justa.
En España son dignos hoy los jueces que se enfrenta con la dura realidad y se crecen ante ella cumpliendo la ley; los policías que investigan, los inspectores de hacienda que denuncian las tropelías de los poderosos; todos esos que son apartados o sancionados. Son dignos los profesores que enseñan a sus alumnos a tener hambre de saber, enseñan a pensar por ellos mismos, a ser solidarios y a rebelarse ante las injusticias. Todos los funcionarios y empleados públicos que realizan con diligencia su trabajo a pesar de las dificultades y escasez de medios, pero denuncian la situación y luchan por la sanidad, la educación, la justicia o la asistencia en situaciones de dependencia, que sean públicas, gratuitas y universales.

La dignidad está en los ciudadanos que trabajan, pagan sus impuestos y obedecen las leyes, pero igualmente exigen con fuerza sus derechos, ante quien los cuestione. Son dignos los que no toleran que se hagan leyes represoras de las libertades y derechos, que los opriman con ellas los que casi siempre las vulneran; que, los que dicen representarlos, los traicionen, malversen el dinero público, incrementen la deuda ilegítima, y se vendan al poder globalizado del dinero.
        
           La mayoría de los ciudadanos queremos hacer valer que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, como ampara el artículo 1.2 de la Constitución. Queremos que, según su artículo 9, los poderes públicos estén “sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, promuevan que “las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”; remuevan “los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud” y faciliten “la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Porque “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Para conseguirlo es necesario que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpreten de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España(artículo 10.2 C.E).

Es la solemne declaración de Derechos Humanos la que, en su preámbulo,  considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN COLECTIVA

Como pueblo podemos usar todas las armas a nuestra disposición con la conciencia tranquila de que, la actuación mayoritaria, convierte en ley lo que ampara la soberanía popular. Antes de que la ignominia se convierta en leyes represoras, como la ley contra el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, y las transversales contra todos los derechos que han supuesto las tasa judiciales, la ley de inseguridad ciudadana, la ley de seguridad privada, pero sobre todo, la reforma del Código penal represor de derechos y de la Enjuiciamiento Criminal (que va a eliminar a los jueces instructores dejando en manos de los Fiscales y del gobierno a quien y porque persigue la ley) el pueblo tendrá que expresar su voluntad, y, si quiere, hacer efectivo su poder, de tres maneras:

1.- Apelando al juez concreto (interno e internacional) exigiendo cumplimiento, tanto las leyes que son directamente aplicables, como invocando los principios jurídicos y derechos conquistados por la Humanidad, que están recogidos en la solemne Declaración de Derechos Humanos y los Tratados, Pactos y Convenios que la desarrollan.

2.- Ejerciendo los mecanismos formales de expresión democrática mediante el ejercicio de los derechos y libertades civiles y, especialmente, cuidando que el derecho voto sirva para expresar colectivamente el rechazo a todos quienes traicionan al pueblo.

3.- Ejerciendo la desobediencia civil, el sagrado deber de la rebeldía ante las leyes manifiestamente contrarias a los derechos y libertades y por tanto a la Dignidad Humana.  

Si bien no podemos dejar de extender el uso de las dos primeras, (es el objeto de este escrito profundizar en la primera, organizando la acción coordinada del mundo del derecho para el uso efectivo de todas las herramientas a nuestro servicio) el éxito en nuestros propósitos ya exige desde hace tiempo, la rebeldía pacífica y la desobediencia activa.

ACTUACIONES CONCRETAS.-

1.- Creación de un Frente Jurídico por las libertades y los derechos.

2.- Diseño de banco de herramientas y recursos jurídicos de aplicación a cada caso o situación de hecho de trascendencia para la ciudadanía.

3.- Acciones inmediatas:

a) Personación en los casos penales abiertos.

b) Estudio de interposición de querellas y acciones en otras jurisdicciones.



            Ahora falta concretar, difundir y ACTUAR. 

miércoles, 4 de diciembre de 2013

MEMORIA



  Es cuatro de diciembre. Un día para recordar a Manuel José García Caparrós, luchador andaluz asesinado ese día, cuando la mayor movilización nunca vista en esta tierra, pidió el derecho a poder construirla con nuestras propias manos.

   Esta fecha y este compañero están casi en el olvido oficial. Hasta el año pasado no se le reconoció oficialmente por la Junta de Andalucía, en otra fecha grande: el 28 de febrero.

  Cada logro de la autonomía lleva una gota de su sangre y cada traición a su lucha, a la lucha de este pueblo, es una afrenta a los que dieron su vida por ella.

   Hoy más que nunca, luchar significa recordar a los que lo hicieron antes, ponernos en su piel, sentir el mismo ideal de justicia, transpirar la libertad que nos hace libres, la energía sumada que mueve la historia. Practicar los valores que nunca pueden ser enterrados sin que el ser humano se convierta en alimaña de su propia especie.


      Necesitamos saber de dónde venimos, tener un relato veraz que nos revele quienes somos y que nos explique por qué hemos llegado hasta aquí. Nuestra historia nos explica nuestros miedos, pero también puede devolvernos nuestra esencia. Los medios del sistema nos azotan hoy con la desmemoria y la cultura uniformada y enlatada; con la urgencia del consumo y el deshecho. Nos separa de los más cercanos, aunque las redes, aparentemente, nos acercan a los que quizá nunca podamos tocar en un abrazo.
    
     Hoy es un día para los andaluces altivos, esos que se siguen levantando, que siguen pidiendo Tierra y Libertad. La Andalucía que no divierte, pero que tiene la alegría de haber parido hijos como MANUEL JOSÉ GARCÍA CAPARRÓS. La Andalucía de la que nacerá algún día la verdadera alegría de haberla construido por nosotros y para nuestra liberación; la de los pueblos y la Humanidad.
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lunes, 2 de diciembre de 2013

PROPUESTA DE FRENTE CÍVICO – JURÍDICO



INTRODUCCIÓN

En el Frente Cívico tenemos como objetivo y referencia la defensa de los Derechos  Humanos y la preservación de la vida en el planeta. 

Nuestros esfuerzos van orientados a que una gran mayoría haga de ellos un patrimonio irrenunciable, mediante la efectividad de los mismos en cada situación concreta, obligando a una actuación positiva de los poderes públicos, en ese sentido. 

Proponemos la formación de un poder, el de una mayoría organizada que no deje opción al poder institucional para ir contra los Derechos Humanos. Pero, al echar todo el peso de ese contrapoder, no podemos olvidar que también dentro de las instituciones hay funcionarios que se tienen que atener a la ley y, en particular, dentro de la administración de justicia se han dado pasos importantes que debemos apoyar y promover. En definitiva, no podemos renunciar a las armas que el derecho pone en nuestras manos porque partamos de su inutilidad o predisposición en nuestra contra. Esa estrategia, para mi, sería tan absurda como la contraria, la de pensar que podemos cambiar algo sólo desde la acción de los Tribunales de justicia, sin una amplia movilización social que respalde la actuación jurídica para conseguir una aplicación directa y efectiva de todos derechos que están recogidos en las leyes, la Constitución y los Tratados Internacionales firmados por el España, y que aunque son vinculantes para los que juraron cumplirlas en virtud del principio de legalidad, están siendo vulnerados. 

No podemos dejar los Derechos Humanos, ese patrimonio que la Humanidad ha conquistado con la fuerza de la sangre de las generaciones que nos precedieron, como si fuera un trofeo olvidado que acumula polvo en la vitrina de la historia del derecho. Ese patrimonio inmaterial es un arma y, al mismo tiempo, un objetivo irrenunciable. 

Un arma para denunciar un sistema atenta contra la humanidad desde sus propios fundamentos, y para deslegitimar a unas instituciones que son autoras, por acción, y cómplices, por pasividad, de las agresiones a la ciudadanía. Una ciudadanía que ha dejado de ejercer como tal porque ha perdido la memoria de sus derechos, de sus responsabilidades y que no es consciente de toda la grandeza del significado de esa palabra. Desempolvar, difundir haciendo pedagogía del contenido de los derechos y de los mecanismos para hacerlos valer, antes de que terminen con los unos y los otros, como se propone Gallardón, tiene que ser prioritario.

La experiencia en Stop Desahucios, sin triunfalismos, ha sido un banco de pruebas de la acción conjunta de la movilización social y del ejercicio de los derechos, más allá de las posibilidades de oposición y defensa ante una ejecución hipotecaria que las leyes procesales reconocían a los ciudadanos. Grupos reducidos de ciudadanos determinados a poner en valor el derecho a la vivienda digna, junto al trabajo de abogados, de algún que otro juez, justo más acá y más allá de la ley, hemos evidenciado las aberraciones del sistema económico, financiero, judicial y el papel de las instituciones en la estafa a millones de familias hipotecadas. 

Esa misma experiencia puede ser adaptada y mejorada ante las agresiones al derecho a la vivienda de los que nunca pudieron hipotecarse, al derecho a la educación y a la salud, públicas, universales y gratuitas, a la asistencia ante situaciones de postración y dependencia. Es sencillamente letal a todos los derechos, y necesitado de respuesta jurídica, la grave limitación de acceso a la tutela judicial efectiva por la implantación 
de las tasas judiciales o el deterioro del Servicio de justicia gratuita. En cuanto a los derechos civiles, se acrecientan los ataques al derecho a la información, se viola o se permite que, de forma arbitraria y sistemática, se viole el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, con la excusa de la seguridad. Se acrecienta y se preparan respuestas represivas como la reforma del Código Penal y el uso abusivo de las leyes sancionadoras, ante las aún minoritarias y pacíficas formas de contestación Los poderes públicos tienen que verse ante el espejo de sus propias leyes. Cuando las leyes no respondan a la efectividad de los Derechos, las leyes y los que detenten de forma desviada los poderes tienen que ser sometidos a la doble instancia del recurso ante los Altos Tribunales internos e internacionales y ante la más alta instancia de un pueblo que no puede doblar la rodilla ante quien tiene que servirlo. 

Todas las vías son útiles, todas las herramientas jurídicas y movilizadoras tienen que estar a punto y ser usadas coordinadamente. La acción penal ante tanta decisión injusta a sabiendas de su injusticia, ante tanto asalto a los bienes públicos y al bolsillo de los ciudadanos, tiene que servir para poner en el banquillo la evidencia prevaricadora.

La propuesta concreta inicial es que interpelemos al mundo del Derecho, desde dentro y desde fuera, (abogados y sus colegios, jueces, profesores de derecho, etc) para crear herramientas jurídicas, métodos de actuación concreta ante los Tribunales y las instituciones, propuestas de iniciativas legislativas, etc, en perfecta coordinación con el amplio y unitario movimiento ciudadano que queremos construir.

PROPUESTA

La idea es que enmarquemos colectivamente las acciones jurídicas en un estrategia global, es decir, que los juristas, un FRENTE JURÍDICO coordinado en todo el Estado, aportemos respuestas y propuestas que se correspondan eficazmente con esa estrategia. 

Tras el debate de Prometeo, en la línea y englobando la propuesta que ha llegado de Murcia sobre la interposición de una querella, propongo difundir públicamente una convocatoria al mundo del Derecho para crear un amplio grupo de juristas que se planteen, como lo hacemos muchos en solitario, la defensa del Estado de Derecho. Como hacemos (o deberíamos hacer también) en el ámbito político-social cada uno vamos difundiendo en nuestro entorno una visión de la realidad y una estrategia colectiva para cambiarla. El mundo del derecho es más complicado pero nos sentimos doblemente interpelados como ciudadanos y como amantes del imperio de los derechos y responsabilidades, más allá del instrumento a su servicio que es la ley y la administración de justicia. Hay grupos de abogados a los que podemos dirigirnos, de jueces y fiscales, y existe la necesidad de poner en valor lo que hacemos descoordinadamente. 

viernes, 22 de noviembre de 2013

SÍ, SE PUEDE. HAY SALIDA.

Los partidos son necesarios, pero no éstos. Los sindicatos son imprescindibles, pero no los que hoy ha asimilado el sistema. Ni está ley electoral que es la que marca unas reglas de juego que favorecen que sus aparatos, los de los grandes partidos, decidan quienes representan a los que los mantienen económicamente. Representan en las instituciones, salvo contadas excepciones, al poder del dinero, a esos que mandan sin presentarse a elecciones, no a nosotros, al poder del pueblo que en este país, se demuestra cada día, no es el soberano. 
El día 29 doy una conferencia sobre la influencia de las normas electorales en la calidad de la democracia, en que la democracia sea una realidad vivida y no una trágica ficción. Haré una propuesta de ley electoral en la que los ciudadanos deciden qué personas van a las instituciones entre las que los partidos proponen. En la que cada representante tiene el mismo número de votos detrás. Ni si quiera hay que cambiar la Constitución para hacer ese cambio radical de las reglas de juego. 
Sin embargo, la sociedad está paralizada porque no ve salidas y tiene inercias difíciles de romper en poco tiempo. Muchos pensamos que no haremos reformas del sistema si no montamos una plataforma electoral ciudadana con ese y otros objetivos concretos. Sólo para esos objetivos que nos afectan por encima de ideologías. Con un liderazgo social de todos los movimientos sociales agredidos y poniendo lo que une por encima de lo particular. 
Por ejemplo:
1.- Acabar con la corrupción política.
2.- Hacer cumplir el programa constitucional, haciendo realidad los derechos que en la misma se contienen y que nos definen como un estado social. 
3.- Reforma de la ley electoral, de la ley de partidos y del Código Penal, recogiendo el delito de estafa electoral y otros como dictar leyes contra el cumplimiento de la parte programática de la Constitución. (prevaricación cualificada) etc.
4.- Garantía absoluta de los servicios públicos universales, gratuitos y de calidad. 
5.- Derogación del artículo 135 de la C.E. para que la deuda de la banca la paguen sus accionistas y los responsables internos y externos del sistema financiero que nos han arruinado sin nuestro consentimiento. 
6.- Sistema de pensiones público y garantizado. 
7.- Garantizar una Renta básica mínima de supervivencia y el derecho a la vivienda digna.
8.- Derechos laborales y sociales. Democracia en la empresa.
9.- Control democrático de la economía. Sistema financiero público y control de la banca para que cumpla su labor de intermediación, evitando la especulación financiera y otras prácticas abusivas. 
10.- Reforma Fiscal fomentando los impuestos directos y progresivos y la lucha contra el fraude de los grandes patrimonios. 
11.- Apuesta por la investigación, las energías renovables, la calidad y duración de los productos y lucha contra el cambio climático.
Sólo es un ejemplo de lo que, usando mi sentido común, yo propondría y quisiera que tuviera consenso hasta de quien no piensa como yo. Pero si hay un mínimo común que sea un salto cualitativo sobre la situación actual y pusiera las bases de una nueva forma de participación democrática, no dudaría en apoyarlo. 
¿CÓMO LO HACEMOS? 
Haciendo pueblo y poder ciudadano en el camino hasta el objetivo. Construyendo la democracia que queremos y necesitamos más que nunca.
Llevando éstas propuestas, algunas de ellas, u otras similares, a cada colectivo, cada barrio y cada centro de trabajo, durante el plazo de dos meses. Levantando acta de cada reunión con propuestas de acción y compromisos de colaboración al cumplimiento de esos objetivos de personas, colectivos, barrios, etc. 
Como una más de las acciones, podemos proponer a personas que nos representen mediante reglas claras y compromiso de revocabilidad, primero ante las instituciones, y después, esas u otras, en las instituciones. Nadie se debería proponer a si mismo y la elección tiene que ser en votación secreta y de abajo arriba, para que, si lo consideramos imprescindible, plantearnos una Candidatura por el Poder Ciudadano, que se disolverá cuando se hayan cumplido los objetivos, con la expresión de la voluntad del pueblo por medios participativos y representativos. No se trataría de delegar el poder en otr@s, sino de abrir un cauce que l@s ciudadan@s conocen y que, dados sus hábitos, facilita más que otros la esperanza en una rápida salida a esta situación, quitando el poder a quien lo está usando contra el pueblo. Pero eliminando la dualidad representante, representado y sometiendo las decisiones a la voluntad mayoritaria las decisiones estratégicas en pos de lograr los fines consensuados. 

En cada ámbito de actividad estratégica se han de hacer visible la estrategia común. Si pongo de ejemplo mi actividad. Los juristas tenemos que plantar cara ante las agresiones a los derechos constitucionales después de los recortes de derechos laborales, sociales y de prestaciones de servicios públicos. Se han cargado el Estado Social y van a por el Estado de Derecho. No quiero anticipar los hilos que se están moviendo en este sentido pero la respuesta tiene que ser contundente. 
De igual modo, el poder mediático de los ciudadanos tiene que ser incrementado con el compromiso de los profesionales de la información y el uso y adecuación de las herramientas que necesitamos.
Las Asambleas de Parados, la Universidad, los estudiantes, las ONGs, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, Las Mareas, las PYMES, los Autónomos, el Ecologismo..., pueden ver encauzadas sus ansias de cambio de esta situación, sin aparente salida con los cauces tradicionales. SÍ, SE PUEDE. HAY SALIDA.